lunes, 21 de mayo de 2018

El alcalde "socialista" Santiago Llorente es un violador de derechos fundamentales. La Justicia dictó sentencia en favor de ULEG.



La Justicia es el único bote salvavidas al que podemos agarrarnos aquellos que creemos en el Estado de Derecho y en fórmulas de arreglo de conflictos y controversias que no estén basadas en la autotutela. Y esa Justicia es la que ha hablado alto y claro en aquello que venimos denunciando desde prácticamente el principio del mandato del alcalde "socialista" Santiago Llorente: opacidad informativa, boicot a la labor de los ediles de ULEG, comportamientos autoritarios, despóticos, nula transparencia y voluntad constructiva...

Precisamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la unanimidad de 5 magistrados del órgano supremo jurisdiccional de la Comunidad de Madrid, no puede ser más demoledora, ni más pedagógica e ilustrativa en esto que hemos estado en solitario protestando como principal, en realidad único, partido de la Oposición. Y  nos da la razón. Aquí pueden verla. Ya anticipamos que vendrán más.

Es un poder del Estado que está al margen (mientras lo dejan) de las diatribas políticas y partidarias quien ha propinado un duro revés al gobierno de Llorente y, por ende, a todos los demás que callan, tapan y pastelean con él. Sí, esos partidos de "la gente", o de la "responsabilidad" que sólo hablan de derechos humanos en Venezuela, en Irán, en Corea o en Cataluña, pero les importa un pepino cuando esos derechos humanos, derechos constitucionales, derechos fundamentales son violados por el máximo mandatario del municipio. Mucho jurar la constitución con una mano, para luego darle puñetazos con la otra. Son sus incoherencias y contradicciones, tan grandes que no entran ni en el chalé más lujoso de Galapagar. Pero también sus miserias internas y personales: difícilmente pueden hablar de derechos fundamentales aquellos que en la pasada legislatura ya los pisotearon a ULEG, con el alcalde Jesús Gómez a la cabeza, o aquellos que los machacan en esta a través de asambleas ilegales con decisiones encaminadas a purgar al disidente como en los regímenes que tanto defienden.

La sentencia que obligaría a cualquier dirigente a dimitir y a su organización a pedir la dimisión o su cese, además desnuda a uno de los personajes políticos más siniestros que me he encontrado en mi vida, el "señor" Francisco Javier Márquez Ortiz, conocido como el Bartolín pepinero, individuo que es capaz de inventarse agresiones (el 19 de julio la Justicia le dejará en el más absoluto ridículo) y de, como dice la resolución judicial , aportar como director general de Sostenibilidad un informe carente de prueba alguna para justificar su negativa durante 8 meses a poder acceder a una información en una materia de obras y urbanismo. Así es este sujeto, un fabulador, un fabricador de pruebas falsas o inexistentes. El tiempo, el único juez inapelable que da y quita razones, le suministrará la medicina que su viles y mezquinas acciones merecen, dada su falta de conciencia.

Y precisamente la conciencia de ULEG no puede estar más tranquila, más orgullosa, más fortalecida porque se ve ratificada en su labor en pro del interés general, de levantar las alfombras cochambrosas de un ayuntamiento manejado como un cortijo más de 40 años por el PSOE y el acomplejado y socio de chanchulleos PP. Son lo mismo (y este vídeo es una muestra), mientras nosotros somos un espejo que les recuerda diariamente lo muy distintos que somos a ellos. El pueblo de Leganés poco a poco va premiando a ULEG con unos frutos electorales que son consecuencia de un trabajo riguroso, diario, serio, no sectario y que no vive ni de las modas, ni de los puntuales caprichos de la muchedumbre, ni del poder mediático y financiero que impulsan a determinadas formaciones "ciudadanas". Así seguiremos. Sin etiquetas ni hipotecas de ningún tipo, sólo sometidos al imperio del bien común. El vecino es nuestro único jefe. 




jueves, 3 de mayo de 2018

Los 100 días que el alcalde Llorente hizo marchitar a Leganés

Como bien saben hace más de tres meses enviamos formalmente una carta al alcalde de Leganés con la mano tendida y con la firme voluntad de abrir un nuevo periodo en la ciudad donde sacrificábamos legítimos intereses de partido por el bien común. Justo hoy hace 100 días de aquello. Pueden ver aquí la carta que se publicó en este blog.
Desde entonces el resultado, muy resumido, ha sido:
-Ninguna contestación oficial, todo tipo de vituperios y descalificaciones en ruedas de prensa, plenos por el PSOE y el alcalde...
-Invento de agresión por parte de uno de sus directores/enchufados generales para tapar el escándalo del falseamiento de partes de trabajo municipal.
-Nuevas sentencias condenatorias contra el ayuntamiento de Leganés por actuaciones negligentes por parte de gobiernos PPSOE.
-Tirones de orejas judiciales y del ministerio de Hacienda al alcalde y a su gobierno por incumplir sus obligaciones.
-Nuevos escándalos como con Legatec, donde se saltan a la torera informes de los funcionarios, el chantaje del PP con las modificaciones presupuestarias para escenificar un falso divorcio de lo que ha sido un real matrimonio de intereses espurios de la sociedad político-empresarial Santi&RECU SL...
Esta situación, cada vez más deteriorada y que ya certifica la defunción política de este gobierno local, tan inoperante como incompetente y nocivo para el progreso de Leganés, ha propiciado que hoy registremos la presente moción que será debatida y votada el próximo 10 de mayo. Les reproducimos su contenido. Seguimos trabajando, ya poco más de un año para que nuestra ciudad logre ese impulso que ansía y merece de la mano del partido de los vecinos, de ULEG.
El primer edil del ayuntamiento de Leganés, el sr. Santiago Llorente Gutiérrez, lleva incumpliendo desde hace 3 años que inició su mandato con la principal obligación como alcalde que se precie como tal y tenga como proyecto transformar y hacer progresar la ciudad: elaborar y presentar a la cámara municipal que representa a todos los vecinos un presupuesto donde cifre jurídica y económicamente sus prioridades sociales, inversiones, gastos y planteamientos políticos. Es decir, el alcalde “socialista” lleva tres años sin presentar su proyecto de ciudad, salvo que su proyecto consista únicamente en estar recreándose pasivamente con el bastón de mando y hacer progresar una red clientelar afín a sus intereses personales y partidarios.
Las excusas para incumplir con tal obligación legal recogida en el artículo 168 de la Ley de Haciendas Locales han sido variopintas y todas ellas de una endeblez argumental que no merece la pena ni enumerar. La realidad es que a día que suscribimos esta moción el presupuesto vigente en la ciudad es el aprobado en 2014 por el PP mediante mecanismo declarado inconstitucional por el TC (por vulnerar el principio democrático al ser sacado adelante el presupuesto en Junta de Gobierno a espaldas del Pleno). Un presupuesto que además ha sido sentenciado nulo e ilegal por unanimidad de 5 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en julio de 2016 al estimar un recurso presentado por ULEG, PSOE e IU. Un presupuesto que sigue vivo fruto de la absurda paradoja e incoherencia de que el partido que recurrió esos presupuestos del PP por ilegales, antidemocráticos y antisociales es ahora su mayor defensor, llegando incluso a la kafkiana decisión de impugnar la sentencia que le daba la razón para así seguir gobernando con esos presupuestos del PP. Sí, estamos hablando de Leganés. Sí, estamos hablando del PSOE. Y sí, estamos describiendo unos hechos absolutamente ciertos y no extraídos de alguna novela de ciencia ficción o una obra propia del teatro del absurdo de Ionesco o Miguel Mihura.
A tal cúmulo de despropósitos se suma otro hecho insólito y es que desde hace 100 días tiene el gobierno de la ciudad el compromiso expreso y ratificado en acta pública plenaria del principal partido de la Oposición (ULEG) de que para salir de esta dinámica esperpéntica, irregular en lo jurídico, ilegítimo en lo político y claramente perjudicial para los intereses vecinales estaría dispuesto a aprobar inicial y finalmente el presupuesto que el sr. Llorente sometiera al Pleno municipal, garantizándose de facto aritméticamente la aprobación del mismo. Una propuesta a la que el alcalde hace oídos sordos y desprecia inexplicablemente con tal contumacia que hace sospechar de la existencia de unos intereses tan misteriosos como espurios para mantener el actual estado de cosas que se resume en gestionar “socialistamente” con un presupuesto del PP declarado ilegal por el TSJ de Madrid y enmendarlo y modificarlo gracias a los votos del propio PP.
Por si no fuera poco el escenario de absoluta irresponsabilidad y estafa electoral y política propiciado por el alcalde y que supone un evidente deterioro de las condiciones y calidad de vida de los vecinos (falta de rumbo gubernamental para acometer inversiones, crédito insuficiente para afrontar cuestiones sociales, educativas, laborales…, prioridades desfasadas o contrarias a las dictadas por los vecinos en las urnas) se suma la incesante y continua llegada de sentencias que condenan al ayuntamiento de Leganés a cantidades millonarias fruto de actuaciones tanto del PSOE como del PP calificadas como ilegales por los tribunales y como inmorales, ilícitas y esotéricas por cualquier ciudadano ajeno al virus del forofismo partidista: expropiaciones hechas a las bravas, persecución a funcionarios, rescisión de contratos municipales por capricho, encargos sin contrato ni presupuesto a abogados sin que tampoco se impugnen o contradigan facturas exorbitadas, valoraciones imprudentes de suelo al margen del sentido común y de la jurisprudencia existente, y un largo etcétera. Unas sentencias y resoluciones judiciales que además aparecen mediante un goteo tan constante como opaco, puesto que en la mayoría de las ocasiones se conocen por filtraciones en los medios de comunicación, por confesiones “espontáneas” de los dirigentes municipales en ruedas de prensa, por divulgación de los beneficiarios... Nunca mediante un método transparente y que permita además prevenirnos o aprender de los errores del pasado. ¿Cuántas sentencias más hay que hayan condenado al ayuntamiento o puedan condenarlo en el futuro? ¿Por qué? ¿Por cuánto? ¿A qué se debe que desde abril de 2016 se aprobara por unanimidad la propuesta de ULEG de una comisión de investigación que aclarase toda la situación vinculada a sentencias millonarias contra el ayuntamiento y que ayudara a evitarlas en el futuro y que no se haya hecho absolutamente nada, salvo boicotearla?
El delirante episodio por el que recientemente el juzgado nº 3 de lo contencioso administrativo  de Madrid advierte de que multará a los ediles del gobierno con 1000 euros si no cumple con su obligación de abonar las sentencias, recordando al alcalde hasta las fórmulas existentes para poder hacerlo (como la ampliación de partidas ya existentes) no hacen más que reforzar lo que venimos planteando desde hace meses y reiteramos en esta moción.
Por todo ello, sometemos al Pleno el siguiente

ACUERDO
1º) Se exige al alcalde-presidente del ayuntamiento de Leganés a que cumpla con su obligación legal y responsabilidad y presente al Pleno para su aprobación, enmienda o devolución el presupuesto municipal. En tal presupuesto se incluirán las partidas necesarias para el pago íntegro de todas las sentencias firmes que condenan al ayuntamiento a sumas millonarias.
2º) Se insta al alcalde-presidente a que abandone su habitual práctica de modificaciones a un presupuesto de 2014 declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y aprobado mediante mecanismo inconstitucional. Tales modificaciones suponen remiendos, parches de dudosa legitimidad política y responden a un enfoque parcial y en demasiadas ocasiones clientelar de la necesidades de la ciudad, hurtando de manera fraudulenta un debate global, democrático y responsable de las prioridades municipales.
3º) Se recuerda al alcalde-presidente la existencia de múltiples mecanismos perfectamente legítimos y legales para sacar adelante un presupuesto o una modificación presupuestaria, como es el cauce de la cuestión de confianza vinculada a su aprobación, reprobando por ello la actuación del sr. Llorente de culpar injustificadamente a cualquiera menos a sí mismo del incumplimiento de sus obligaciones con la Justicia o la ausencia de unos nuevos presupuestos que hagan mejorar Leganés y sustituyan a los ya obsoletos de 2014, políticamente indefendibles  y de ilegalidad sentenciada por el TSJ.
De la presente moción se dará cuenta a todos los órganos judiciales que estén conociendo o resolviendo pleitos de naturaleza económica relacionados con el ayuntamiento de Leganés. También se dará cuenta a la FEMP y a todas las entidades vecinales inscritas en el registro municipal de asociaciones.